FALLO
EXP 84169/9
VITIELLO RAFAEL C/ ANSES S/ REAJUSTE DE HABERES
Mar del Plata, abril de 2011.-
AUTOS Y VISTOS: Estos caratulados "VITIELLO RAFAEL C/
ANSES S/ REAJUSTE DE HABERES Expte N° EXP 84169/9" de trámite
ante la Secretaría Civil y Comercial N° 1 de éste Juzgado Federal N° 2 de Mar del
Plata, traídos a despacho a los fines de dictar SENTENCIA DEFINITIVA y de
cuyo examen;
RESULTA: I) Que a fs. 25/34 se presenta la actora por intermedio
de su letrada apoderada, la Dra. Alicia Mabel González, e interpone demanda contra
la ANSES, con el objeto de impugnar la resolución administrativa RBO-F 3171 de
fecha 19 de junio de 2006 en el expediente Nº 024-20-93543790-4-357-000001
solicitando se haga lugar al recálculo del haber inicial y posterior reajuste de su
prestación de jubilación ordinaria, ordenando el pago de las diferencias con más la
actualización monetaria y los intereses desde que cada suma es debida hasta su
efectivo pago. ----------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo solicita la declaración de inconstitucionalidad de las
resoluciones de ANSES 918/94, 63/94 y 140/95, por limitar las actualizaciones de las
remuneraciones históricas al mes de marzo de 1991.------------------------------------------
Respecto de las rentas autónomas, solicita la actualización conforme
los precedentes "Volenté" y "Rodríguez" de la CSJN, determinándose la equivalencia
entre el aporte mensual histórico, la renta presunta y el haber mínimo
contemporáneo.--------------------------------------------------------------------------------------
Párrafo aparte solicita la declaración de inconstitucionalidad del
artículo 7 inc. 2 de la Ley 24.463, durante el período de su vigencia, atento la omisión
del Congreso de la Nación en su obligación de legislar, (período 1995-2007), , cita en
su apoyo los precedentes "Eliff" y "Badaro".--------------------------------------------------
Requiere que se cumplimente con las garantías establecidas en los arts.
1 y 2 de la Ley 26.425, siendo su mandante beneficiario del régimen de capitalización,
con jubilación ordinaria, bajo la modalidad de retiro fraccionado, solicitando la
inclusión, en el recálculo del haber inicial, de la totalidad de los años aportados.--------
Señala que su mandante obtuvo su jubilación con fecha 12/11/2007,
bajo la vigencia de la Ley 24.241, como afiliado al régimen de capitalización.------------
Indica que con fecha 16/06/2009, solicitó el reajuste de las
prestaciones de su haber previsional (PBU - PC), por considerar que no se han
respetado las disposiciones de la Ley 24.241 en cuanto a la actualización de las
remuneraciones consideradas en el cómputo y la actualización del AMPO/MOPRE,
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de la PBU y la reliquidación de la PAP, atento la sanción de la Ley 26.425. Dicho
reclamo fue rechazado por cuanto ello motivó la presente acción.-------------------------
Indica que el titular acreditó al sistema 46 años de servicios con
aportes, de los cuales 32 años y 9 meses, fueron prestados bajo relación de
dependencia e ingresados por el régimen de reparto y los 13 años restantes en el
régimen de capitalización como autónomo, categorías E, F y III.--------------------------
Indica que el haber original fue determinado en la suma de $ 843,84,
en concepto de PBU-PC y suplemento por movilidad y $ 243,74 de J. O., a cargo de
la AFJP. Manifiesta que por aplicación de la Ley 23.928, las remuneraciones tomadas
en cuenta para la determinación del haber inicial se congelaron al mes de marzo de
1991.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Respecto de los 155 meses aportados como autónomo, se consideró
una base promedio de $ 1392,47, entendiendo que debió aplicarse la teoría de la
equivalencia y en consecuencia se hubiese fijado dicho monto en la suma de $
4.065,43.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Se agravia por cuanto la entrada en vigencia del nuevo régimen
previsional (SIPA) ha considerado el mejor valor de la cuota del fondo de la AFJP
entre los meses 02 a 09 del año 2008, entendiendo que dicho monto no representa el
valor de la PAP, indicando que de haber permanecido en reparto, el monto a percibir
representaría $1356,60 y con las remuneraciones y rentas actualizadas de $3029,53.----
Continúa explicando los componentes del haber previsional, en
cuanto a la PBU, manifiesta que siendo el caso de marras un beneficio otorgado en
11/2007, la falta de actualización de dicha unidad produce un defasaje
importantísimo, y un crecimiento del haber inicial. Solicita la declaración de
inconstitucionalidad de los arts. 4 y 13 de la Ley 26.417, por ser lesivos del art. 14 bis
de nuestra Carta Magna, y causar su aplicación grave perjuicio a su mandante.----------
En lo atinente a la PC y PAP, hace referencia al art. 24 de la Ley
24.241, por cuanto habla del promedio de remuneraciones actualizadas de los últimos
120 meses con aportes. Cita el precedente "Eliff", hace mención a la Res. 298/08 y
135/08, indicando que no determinan ningún tipo de mejora en el haber de su
mandante. Solicita la no aplicación de la Ley 23928 y de las Res. de la ANSeS 918/94
y 63/94, y se de cabal cumplimiento con la normativa del art. 24 inc. A) y c) y 30 de
la Ley 24.241.-----------------------------------------------------------------------------------------
Vuelve sobre la actualización de las rentas autónomas y la
determinación de la PAP, cita jurisprudencia, a saber "Volonté Luis" "Rodríguez
Emilio" y "Makler Simón". Manifiesta que en el caso de marras, atento tratarse de
aportes posteriores a 07/1994 no fueron incluidos en su haber inicial, determinando
el saldo de su cuenta individual en valor de jubilación ordinaria, en consecuencia
requiere, a los fines de no violentar el derecho de igualdad previsto por el art. 16 de la
CN, que se determine la PAP con los 13 años de aportes autónomos.--------------------
Se detiene sobre el concepto de movilidad, sosteniendo que su
sentido, consagrado en el art. 14 bis de la C.N, es mantener en igual grado de
dignidad a la persona a lo largo de toda su vida, vuelve sobre el precedente "Sanchez"
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y lo transcribe en parte. Indica que al sancionarse la Ley 24.241, se determinó
conforme los arts. 32 y 160, el nuevo sistema de movilidad, en función de la variación
del AMPO, luego reemplazado por el MOPRE, ello tiene relevancia sobre la
determinación de la PBU y PC y a partir de la Ley 26.222 también sobre la PAP.
Continua relatando que dichos artículos fueron modificados por la Ley 24.463 y
plantea la inconstitucionalidad del art. 7 punto 2 de la norma citada. Hace referencia
al fallo "Eliff Alberto" por cuanto re mite al precedente "Badaro Adolfo Valentín",
requiriendo su aplicación al caso.-----------------------------------------------------------------
Tras mencionar la nueva fórmula de determinación de la movilidad en
la Ley 26.417, se agravia de la citada Ley toda vez que elimina el MOPRE,
modificando el cálculo de la PBU, estableciendo para la misma un monto fijo de $326
(art. 4), indica que de aplicarse esta normativa en el presente caso, la PBU de su
mandante se vería reducida en mas de un 50%, por ello solicita que la
redeterminación de la PBU se efectúe conforme las pautas vigentes al momento de
adquisición del derecho y el índice de actualización se fije sobre el importe de la PBU
redeterminada, peticionando la declaración de inconstitucionalidad de la norma.-------
Manifiesta que la norma no procura recomponer los haberes de las
personas hacia atrás, con lo cual su mandante posee un haber depreciado, que no se
recupera merced a la futura movilidad. Detalla los componentes de la fórmula de
movilidad, acepta su aplicación con las reservas planteadas.---------------------------------
Solicita el cumplimiento de las garantías establecidas en la Ley 26.425,
garantizándosele idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen
previsional público, sostiene que ello no se ha cumplido por cuanto percibe un 50 %
menos que un beneficiario del régimen de reparto con idénticas remuneraciones y
años de servicios.------------------------------------------------------------------------------------
Ofrece prueba, funda en derecho, hace expresa reserva del caso
federal, solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley 24.463,
solicitando la condena en costas a la demandada, por entender que dicha disposición
violenta los arts. 16 y 17 de la C. N., solicitando se haga lugar a la demanda, con
imposición de costas a la accionada.-------------------------------------------------------------
II) Que a fs. 47/54 se presenta la Administración nacional de la
Seguridad Social por intermedio de su letrada apoderada Dra. Claudia Marcela Falconi
contestando la demanda en legal tiempo y forma.---------------------------------------------
Tras la negativa procesal de rigor, deja opuesta excepción de
prescripción respecto del reclamo de haberes anteriores a dos años al pedido de
reajuste.-----------------------------------------------------------------------------------------
Manifiesta que el actor obtuvo su beneficio jubilatorio con la
normativa prevista en la ley 24.241, explicando que la norma puede ser analizada
en el marco en que ha sido dictada pero nunca puede ser sustituida totalmente, ya
que la actividad- sustitución normativa- resulta ajena al control de
constitucionalidad que tiene el poder judicial.---------------------------------------------
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Seguido cita doctrina judicial de CSJN en apoyo a esta postura y
realiza un análisis de la ley 24.241, explicando la naturaleza mixta compuesta por
el régimen de reparto y el de capitalización.-----------------------------------------------
Hace una mera reseña histórica de la relación de las leyes 18.037 y
18.038 y la implicancia que tuvo en la ley 24.241, relacionando las modificaciones
efectuadas en esta última y las innovaciones, a saber:- la cobertura de las
contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento en actividad, la implementación
del régimen mixto, la explicación del régimen de reparto y el de capitalización y
sus diferencias intrínsecas.-------------------------------------------------------------------
Acápite aparte la ANSES señala los beneficios de la ley 24.241,
como el hecho de no exigir el cese de la actividad para acceder a la jubilación
ordinaria (PBU, PC, PAP), citando la reforma al Art. 24 de la ley 24.241 por el
decreto 679/95, mencionando también el régimen eminentemente solidario.---------
En lo atinente a las prestaciones del régimen previsional hace
mención a la jubilación ordinaria o por vejez y su relación con las tres prestaciones
componentes de la misma: PBU, PC, PAP y la prestación por avanzada edad.-------
Alude al sistema de movilidad actual establecido en la ley 24.463
enfatizando las facultades otorgadas al poder legislativo, citando jurisprudencia
como el fallo SANCHEZ y JADES ZARATE.--------------------------------------------
Defiende la constitucionalidad de las leyes 24.241 y 24.463
adentrándose en el marco histórico de la sanción de la ley 24.241, así comenta que
el sistema previsional argentino viene operando como de reparto puro distributivo
y esta característica ha sido expresamente ratificada por la ley 24.463, además
enumera los decretos y leyes que tuvieron nacimiento en ese momento, debido a la
situación de emergencia imperante y cita el fallo de la CSJN, ROLON ZAPPA.----
Explica el sentido de la solidaridad previsional de la ley 24.463
entendida como la distribución de las riquezas para el conjunto de los ciudadanos
y la redistribución de los recursos legalmente recaudados entre los beneficiarios,
privilegiando la justicia distributiva.--------------------------------------------------------
Efectúa consideraciones sobre los fallos SANCHEZ MARIA DEL
CARMEN, GONZALEZ ELISA y BADARO ADOLFO.------------------------------
Por último esboza una breve consideración sobre la nueva ley de
movilidad jubilatoria, explicando la fórmula utilizada por dicha normativa, y sobre
el nuevo sistema previsional argentino, ley 26.425 que instituyó el SIPA (Sistema
Previsional Argentino), manifestando que éste se financiará a través de un sistema
solidario de reparto.---------------------------------------------------------------------------
Ofrece prueba, solicita se desestime la prueba pericial ofrecida por
la parte actora, funda en derecho, hace expresa reserva del caso federal,
peticionando finalmente que se desestime la acción con costas por su orden de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 24.463.------------------------------------
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III) Que a fs. 55 se declaró la causa como de puro derecho, y a fs. 59
se llamó autos para dictar sentencia, providencia que a la fecha se encuentra firme y
consentida, y estos caratulados en condiciones de ser fallados.-----------------------------
Y CONSIDERANDO: I) Que la parte actora se presenta ante estos
estrados judiciales afirmando impugnar la resolución denegatoria al pedido de
recálculo y reajuste del haber jubilatorio, dictada en el expediente administrativo Nº
024-20-93543790-4-357-1 registrada bajo el Nº RBO-F 03171/09 del 19 de Junio de
2009, cuya copia obra en autos.-------------------------------------------------------------------
Que el Sr. Vitiello Rafael adquirió su prestación previsional en el expediente
administrativo Nº 024-20-93543790-4-009-1 estableciéndose como fecha inicial de
adquisición del derecho e inicio de pago el día 12/11/2007, todo ello conforme las
disposiciones de la Ley 24.241, siendo mixta la naturaleza de los aportes
efectuados.-------------------------------------------------------------------------------------------
II) A) Que en lo relativo al RECÁLCULO DEL HABER
INICIAL, corresponde resolver la impugnación relativa a los coeficientes de
actualización de remuneraciones consideradas en relación de dependencia, que
dado el mecanismo de cálculo de las prestaciones acordadas al accionante posee
relevancia en orden a la prestación compensatoria (PC) y a la prestación adicional por
permanencia (PAP). --------------------------------------------------------------------------------
Respecto del recálculo de la Prestación Básica Universal, no obstante
lo resuelto en anteriores oportunidades, una reevaluación de la cuestión me hace
seguir el criterio sentado por la Cámara Federal de la Seguridad Social en causa
"Pérez, José c/ Anses s/ reajuste de haberes" (sala I, sentencia del 10/03/2009). -
Es que al crearse el denominado Módulo Previsional (MOPRE) que
sustituyera al Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO) se remitió su valor al
que fije anualmente la autoridad de aplicación de acuerdo a las posibilidades
emergentes del Presupuesto de la Administración Nacional para cada ejercicio (art. 21
de la Ley 24.241 en su texto anterior). Siendo así, y tal lo señala la Alzada, el valor del
AMPO/MOPRE creció de $:61 (monto fijado por la Res. S.S.S. nro. 9/94) hasta la
suma de $:80 (fijado por la Res. Nro. 27/97), y desde entonces su importe se
mantuvo sin ningún tipo de modificación, a pesar de los cambios económicos
producidos desde la salida de la convertibilidad en el año 2002.----------------------------
Sólo la sanción de la Ley 26.417, sancionada con posterioridad a la
obtención del beneficio previsional por el accionante, modificó la situación,
estableciendo el valor de la PBU en $:326 (art. 20 de la Ley 24.241, texto según Ley
26.417).------------------------------------------------------------------------------------------------
En consecuencia, y en razón del evidente perjuicio que se ha generado
en el cálculo del haber inicial del Sr. Vitiello, corresponde, y tal cual lo resolviera el
precedente citado, ordenar el ajuste de la PBU con los parámetros expuestos por el
Alto Tribunal en autos "Badaro, Adolfo V. c/ Anses s/ reajustes varios",
sentencia del 26/11/2007.-------------------------------------------------------------------------
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En relación a la PC, dispone el art. 24 de la Ley 24.241 (texto según
Ley 26.417) que: "el haber mensual de la PC se determinará de acuerdo a las
siguientes normas: a)- si todos los servicios computados lo fueren en relación de
dependencia, el haber será equivalente al uno y medio por ciento (1,5 %) por cada
año de servicio con aportes o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un máximo de
treinta y cinco (35) años, calculado sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a
aportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período de diez (10)
años inmediatamente anterior a la cesación de servicios. No se computarán los
períodos en que el afiliado hubiere estado inactivo, y consecuentemente no hubiere
percibido remuneraciones. Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a dictar las normas
reglamentarias que establecerán los procedimientos de cálculo del
correspondiente promedio.----------------------------------------------------------------------
Con relación al lapso de los 120 meses anteriores al cese a considerar,
en lo que a coeficientes de actualización respecta, la Resolución Nro. 918/94 de
ANSES dispone que "las remuneraciones a considerar de los afiliados cuyos
beneficios se acuerden conforme el Libro I de la Ley 24.241, sus modificatorias y
complementarias serán actualizadas según los coeficientes aprobados por Resolución
Nro. 63/94 de ANSES", que prevé en su Anexo I una tabla de coeficientes que -
conforme precisó la Resolución 140/95 de ANSES dictada con posterioridad -
equivale al índice de salarios básicos de convenio de la industria y la construcción
(promedio general personal no calificado) base marzo de 1991.---------------------------
La ANSES para determinar el haber inicial aplicó dichos coeficientes
para actualizar las remuneraciones históricas consideradas para efectuar el cálculo de
la PC, y por tanto de la PAP, hasta el año 1991.-----------------------------------------------
Dicho cálculo sin embargo se ajustó a la reglamentación aplicable,
pues los índices previstos en la Resolución 140/95 llegan únicamente hasta esa fecha
(02/91), mas tal proceder no equivale a sostener la razonabilidad de las normas
reglamentarias frente a los principios que rigen en la materia, plasmados no sólo en la
Ley 24.241, cuyo artículo 24 prevé actualizar remuneraciones anteriores al cese sin
otro límite temporal, sino en la propia Constitución Nacional.------------------------------
Ahora bien, en el precedente "Zagari, José María c/ Anses s/
reajustes varios" (véase Revista de Jubilaciones y Pensiones, Año 16, Marzo/Abril
2006, Nro. 91, p. 114/117) indicó la Alzada que: "El restrictivo criterio impuesto por
la normativa reglamentaria en cuestión, en cuanto dispone que la actualización de los
haberes percibidos por quienes obtuvieron su prestación por el régimen de la Ley
24.241 corresponde efectuarla sólo hasta marzo de 1991, y ello por aplicación de la
ley 23.928 (texto hoy según Ley 25.561) resulta inadmisible, puesto que implica un
claro exceso en la facultad reglamentaria por parte de la autoridad administrativa".-----
Por su parte ha señalado la Corte Suprema de Justicia, que "...la
actualización de las remuneraciones a fin de calcular el valor de las prestaciones no se
halla comprendida en la genérica derogación de normas que establecían o autorizaban
cláusulas indexatorias contenida en el art. 10 de la citada ley de convertibilidad"
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(CSJN, "Eliff, Alberto José c/ Anses s/ reajustes varios", sentencia del 11 de
agosto de 2009).--------------------------------------------------------------------------------------
Trasladando dichas pautas al caso que nos ocupa, la actualización en
cuestión deberá extenderse hasta la fecha de adquisición del beneficio del Sr. Vitiello
Rafael, acaecido el 12/11/2007.------------------------------------------------------------------
En cuanto al planteo que hiciera la parte actora, respecto de la
exclusión de la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) en cálculo del haber
inicial correspondiente al beneficio de su mandante, cabe efectuar algunas
consideraciones en particular, en primer término me detendré sobre el concepto de la
PAP, considerando que es la suma de dinero que perciben los afiliados al Sistema, que
acrediten los requisitos para acceder a la PBU y no se encuentren percibiendo retiro
por invalidez, cualquiera fuere el régimen otorgante (Tratado de la Seguridad Social Tomo
II, Bernabé Lino Chirinos, Ed. LA LEY). Siguiendo en este orden de ideas, y teniendo
en cuenta que el art. 3º de la Ley 26.425 prevé que los servicios prestados en relación
de dependencia o en calidad de trabajador autónomo correspondientes a los períodos
en que el trabajador se encontraba afiliado al régimen de capitalización serán
considerados a los efectos de la liquidación de los beneficios establecidos en el art. 17
de la Ley 24.241 y sus modificatorias como si hubiesen sido prestadas al régimen
previsional público, y que el art. 16 de la misma Ley establece que los afiliados al
SIPA tendrán derecho a la percepción de una prestación adicional por permanencia
que se adicionará a las prestaciones establecidas en los incisos a) y b) del art. 17 de la
Ley 24.241, corresponde a fin de resguardar el derecho de igualdad, previsto en el art.
16 de nuestra C. N. y de dar cabal cumplimiento con lo dispuesto en el art. 1 de la Ley
26.425, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización
idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público,
en cumplimiento del mandato previsto por el art. 14 bis de la C. N., que se recalcule
el haber inicial del Sr. Vitiello incluyendo la Prestación Adicional por Permanencia,
cuyo haber mensual que se adiciona a la PBU y PC y se determina computando el
1,5 % por cada año de servicio con aportes al SIJP en igual forma y metodología que
la establecida para la prestación compensatoria (art. 30 inc. b)- Ley 24.241 modif. por
ley 26.222).--------------------------------------------------------------------------------------------
B) En orden a los APORTES AUTÓNOMOS con relevancia para el
cálculo de la PC del accionante, que según detalle del beneficio de fs. 253/4 del
Administrativo ascienden a 154 meses, la demanda afirma que el congelamiento del
MOFPRE afectó el valor de la renta de los trabajadores autónomos, indicando que
produjo un detrimento del haber inicial al no respetarse la intención del legislador al
crearse las categorías que permitían obtener mayores ingresos a quienes efectuaron
mayores aportes con miras a obtener un mejor haber.----------------------------------------
Huelga recordar que al reglamentarse el tema de las categorías, luego
de la sanción de la Ley 24.241, con el Decreto 433/94, los montos a ellas asignados
guardaban la misma proporción con el haber mínimo ($ 150), que la establecida en el
art. 10 de al Ley 18.038, vinculándose la categoría mínima a la remuneración mínima
sujeta a aportes que equivalía a tres (3) AMPO. La intención de la reglamentación,
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como en las reformas de 1980 y 1988, fue vincular al haber mínimo con la renta
presunta de las categorías y el respectivo aporte, para que al momento de calcularse el
haber inicial éste reflejara el esfuerzo contributivo de los autónomos. Además, se
ligaban las categorías con los aumentos de los jubilados mediante la aplicación del
AMPO, conforme lo establecida el art. 8 del Decreto 433/94 prealudido (Conf.
Guillermo J. Jáuregui, "Reajuste de haberes autónomos en la Ley 24.241", Revista de
Jubilaciones y Pensiones, Año 16 - Julio/Agosto 2006 - N° 93, p. 359), de ahí lo
denunciado por el accionante.--------------------------------------------------------------------
Si bien en principio en función del art. 8 del Decreto 433/94 se
incrementaron las rentas conforme la evolución del AMPO (Decretos 1262/64,
Resoluciones Conjuntas 41/94 SSS-103/04 SIP, 1132/95 SSS y 36/95 SIP, 46/95
SSS-13/95 SIP y 32/06 SH-264 SSS, R.G. 3990/95 AFIP), el mecanismo se alteró
con el Decreto 978/96, que aumentó un 30 % el monto de las categorías existentes,
pese a que aquél no había aumentado, aplicando luego la Resolución Conjunta 178-97
SH- 29/97 SSS dicho valor la variación del referente del 5,26 %, habiéndose dado
entre el período 1997/2003 la máxima equivalencia histórica entre las rentas presuntas
autónomas y el haber mínimo contemporáneo.------------------------------------------------
Ahora bien, como explica Jáuregui, frente a la evolución del haber
mínimo jubilatorio (08.91: $ 150, 07/03: $ 220, 01/04: $ 240, 09/04: $ 260, 09/04: $
09/04: $ 308, 07/05: $ 350, 11/05: $ 390 y 06/06: $ 470) el valor de las categorías
expresadas en mínimos cayó mucho, y como ocurrió en el pasado, el aumento
constante de aquél, no trasladado a las categorías, produjo el mismo fenómeno de
inequidad que ocurrió con la Ley 18.038, ya que los haberes no guardan debida
proporción con el esfuerzo contributivo de los autónomos, pues volvieron a ser
alcanzados por el haber mínimo beneficiarios que hicieron aportes por montos
superiores a estos (Ob. cit. p. 360/361).---------------------------------------------------------
En el marco de la Ley 18.038 (t.o. 1974) la Corte expuso su criterio
en los precedentes "Volonté, Luis M." (CSJN, 28/03/85, E.D. t. 114, p. 179, Fallos
307:274) y 'Recurso de hecho deducido por Emilio Rodríguez' en la causa
"Rodríguez, Emilio s/ jubilación" (30/10/89, R. 474.XXI.; Fallos 312:2089), y
más recientemente en "Makler, Simón c/ ANSeS s/ inconstitucionalidad ley
24.463" (20/05/03, M. 427.XXXVI). -----------------------------------------------------------
Mas en torno al puntual planteo que nos ocupa, ligado a la debida
actualización o equivalencia del haber con lo efectivamente aportado, la Sala III en
"Morales, César Alfredo c/ ANSES s/ Reajustes Varios" (sent. def. 121.112 del
17/08/08, Boletín de Jurisprudencia 47, causa originaria de este Juzgado y Secretaría),
amén de remitir a "Malker", ahonda en el planteo atinente a la equiparación de las
categorías aportadas, coligiendo que los argumentos vertidos en aquél "... tienen
vigencia para la aplicación del art. 24 inc. b)- de la ley 24.241, pues conducen a
establecer el monto representativo del promedio actualizado de los ingresos
correspondientes a 'todos los servicios con aportes computados' a los que alude esa
disposición a la fecha del último período cotizado, mediante un sencillo cálculo que
consiste en multiplicar el guarismo que representa esa proporción (entre categorías
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aportadas e ingreso de la categoría mínima) por el haber mensual de categoría mínima
vigente al último mes cotizado" (véase voto del Dr. Fasciolo, el subrayado me
pertenece).--------------------------------------------------------------------------------------------
En esa línea, es decir, con la finalidad de remediar el desajuste de las
rentas de las categorías con relación al haber mínimo, puntualmente respecto de los
valores vigentes a la fecha de la solicitud a considerar conforme lo dispuesto por el
art. 4 del Decreto 679/95, cuestión principal a resolver en el régimen que nos ocupa,
la Sala II del mismo tribunal en "Failembogen, Indy c/ ANSeS s/ reajustes
varios" (sent. def. 128.978 del 11/03/09, Boletín de Jurisprudencia Nro. 50, o
Revista de Jubilaciones y Pensiones, Año 19, Marzo/Abril 2009 - N° 109, p.
123/124), expuso en atención al criterio fijado en "Makler" que a los efectos del
cálculo del haber del trabajador autónomo expone que deben tomarse en
consideración la totalidad de los aportes realizados a fin de que se refleje
adecuadamente el esfuerzo contributivo realizado, establece que deben
confeccionarse una planilla con arreglo a las siguientes pautas: a) en una primera
columna la categoría aportada en cada período; b) el monto del haber mínimo
correspondiente al período aportado; c)- cantidad de haberes mínimos
correspondientes a la categoría aportada en cada período histórico; d)- la suma de los
valores consignados en c. Este total deberá ser dividido por la cantidad de meses
aportados a fin de determinar el haber mínimo promedio efectivamente aportado,
valor que será multiplicado por el haber mínimo vigente al tiempo de obtenerse la
prestación (véase voto del Dr. Herrero al que adhiere la Dra. Dorado, el subrayado
me pertenece), sistema de recálculo que corresponde aplicar al caso.----------------
De tal forma, el organismo previsional deberá reliquidar la porción
autónoma correspondiente a la PC liquidada al accionante a partir de la actualización
administrativa obtenido en función del valor vigente de la categoría (renta de
referencia) aportada al momento de la solicitud, conforme las pautas brindadas en el
fallo que antecede, y precedentes del Alto Tribunal.-------------------------------------------
III) En cuanto al pedido de REAJUSTE, siendo que la actora solicita
la aplicación de los precedentes SANCHEZ, ELIFF y BADARO, respecto de los
períodos posteriores al mes 11/2007 (FIP: 12/11/2007), cabe efectuar algunas
consideraciones al respecto.------------------------------------------------------------------------
En primer lugar cabe recordar que A PARTIR DEL 1° DE ABRIL
DE 1995, la movilidad del haber surge por aplicación de lo establecido por el
entonces vigente el art. 7 ac. 2' de la Ley 24.463.-----------------------------------------------
Cabe recordar al respecto que el Máximo Tribunal en la sentencia del
26/11/07 que dictara en la causa "Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ reajustes
varios" (B. 675. XLI), tras declarar la inconstitucionalidad del art. 7, inc. 2, de la ley
24.463, dispone que la prestación del actor se ajuste, a partir del 01/01/02 y hasta el
31/12/06, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.--------------------------------------------
Si bien esta solución fue extendida en el tiempo por la Sala II de la
Cámara Federal de la Seguridad Social en autos "Cirillo, Rafael C/ A.N.Se.S. s/
PODER JUDICIAL DE LA NACION
reajustes varios" del 18/04/2008, (criterio que he compartido), lo cierto es que fue
revocada por la Corte Suprema en sentencia del 27 de mayo de 2009, en criterio que
evidentemente no alcanza sólo al caso mencionado, sino que se extiende a otros de
características análogas, conforme lo ha demostrado el Tribunal en su aplicación
posterior.----------------------------------------------------------------------------------------------
En tal sentido, la necesidad de seguir la regla del precedente hacen que
opte aquí por conformar esta sentencia a tal decisión, máxime cuando ello puede
redundar en una reducción de la litigiosidad en la materia, atento el compromiso
autoasumido por el organismo previsional demandado de consentir aquellas
sentencias que se ajusten al criterio sentado por la Corte Suprema en el caso "Badaro"
(Res. SSS 955/2008).--------------------------------------------------------------------------------
IV) No obstante, serán aplicables al haber de la accionante los
incrementos previstos por la Ley 26.198 para el año 2007, así como los Dtos.
1346/07 y 279/08.----------------------------------------------------------------------------------
Es que mediante la Ley 26.198 (Presupuesto de la Administración
Nacional para el ejercicio 2007) el congreso ejerce por primera vez las facultades
reservadas por la ley de solidaridad previsional (Ley 24.463) y de tal forma establece el
incremento anual de las prestaciones, constituyendo una movilidad mínima
garantizada.-------------------------------------------------------------------------------------------
En tal sentido fijó en el 13% la movilidad para las prestaciones,
estableciendo la suma de $530 el haber mínimo que desde el 01/09/2007 fue elevado
a $596 por el Dec. 1346/07, en paralelo con todas las jubilaciones y pensiones del
12.5%, y a la suma de $655 a partir del 1º de marzo de 2008, y de $ 690, a partir del 1º
de julio de 2008 por Dec. 279/08.---------------------------------------------------------------
Cabe señalar también que el 15/10/2008 el Poder Ejecutivo Nacional
promulgó la Ley Nº 26.417 que establece finalmente un mecanismo de movilidad de
las Prestaciones del Régimen Previsional Público, que regirá a partir de su entrada en
vigencia, tal como lo establece la Res. (Sec. Seguridad Social) 6/2009, en su artículo 1
(01/03/2009).----------------------------------------------------------------------------------------
Dicho régimen resulta de aplicación para los beneficiarios que
comprenden el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Así se reglamentan
los artículos 24 (Haber de la prestación) y 32 (Movilidad de las prestaciones) de la ley
24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) a fin de fijar las pautas de
elaboración del índice de movilidad y de los coeficientes de actualización de las
remuneraciones conforme las previsiones de la ley 26417.-----------------------------------
Asimismo, frente al incremento que se produzca en el haber máximo
conforme a la evolución del índice de movilidad, se adecua la escala de deducción
determinada por el inciso 2) del artículo 9 de la ley 24.463, para los supuestos
alcanzados por la misma, en concordancia con el nuevo importe máximo.---------------
Conforme lo precedentemente expuesto, corresponde aplicar la citada
normativa a fin de reajustar los períodos posteriores a la adquisición del beneficio.-----
En relación al planteo de inconstitucionalidad, esgrimido en el escrito
de demanda, dirigido contra el art. 4 de la Ley 26.417, adentrándome en su análisis,
PODER JUDICIAL DE LA NACION
observo una disconformidad en torno al monto que fija la citada Ley en el cálculo de
la PBU, sin embargo el perjuicio planteado no ha sido debidamente acreditado en
autos. Debe recordarse que los jueces no están llamados a emitir juicios de opinión
sobre lo actuado por los otros poderes del Estado, sino a resolver en todas aquellas
'causas' que les sean sometidas a su jurisdicción, en los términos del artículo 116 CN y
art. 2 Ley 27.------------------------------------------------------------------------------------------
En este sentido ha afirmado la Corte Suprema que: "No se está en
presencia de una "causa" cuando se procura la declaración general y directa de
inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes." (Asociación de
Testigos de Jehová c/ Consejo Provincial de Educación del Neuquén s/
acción de inconstitucionalidad. 09/08/2005 Fallos: 328, 2966).------------------------
En consecuencia no existe mérito que justifique al suscripto evaluar
aquí su constitucionalidad. ------------------------------------------------------------------------
V) Seguido, cabe considerar que en el sub examine, la ANSES al
contestar demanda opone la prescripción bienal prevista en el Art. 82 tercer párrafo
de la Ley 18.037, por aplicación del art. 156 de la ley 24.241 aplicable al caso de
acuerdo a la doctrina sustentada por la C.S.J.N. en el caso "Jaroslavsky, Bernardo",
sentencia del 18/04/85.---------------------------------------------------------------------------
Considerando que: "La prescripción no se declara de oficio, sino que
debe ser opuesta en la primera presentación judicial por quien pretenda valerse de
ella...." (Conf. C.F.S.S., Sala II, Sent. 77924, del 04/02/00, en autos "Michelis, Juan
Francisco c/ A.N.Se.S.", véase Boletín de Jurisprudencia Nro. 27 C.F.S.S.), toda vez
que la solicitud de reajuste se formaliza con la interposición del reclamo
administrativo, en el caso de marras solo obra agregada la resolución que deniega la
solicitud administrativa de recálculo y reajuste del haber previsional, teniendo en
cuenta que la misma fue resuelta con fecha 19/06/2009, que retrotrayéndonos dos
años desde entonces, y estando al tanto que la parte actora adquirió su beneficio con
fecha 12/11/2007, concluyo en rechazar el planteo de la demandada, toda vez que
mal podría operar la prescripción sobre períodos anteriores a la calidad de
beneficiario de la actora.----------------------------------------------------------------------------
VI) Seguido, corresponde resolver los planteos de
inconstitucionalidad que el accionante dirige contra la Ley 24.463.------------------------
En relación al Art. 7 apartado 2 de la ley 24.463 remitiéndome a los
fundamentos que fueran expuestos por la C.S.J.N. en autos "Badaro, Adolfo
Agustín c/ ANSES s/ reajustes varios" (B. 375.XLI, del 08/08/06, Fallos
329:3089 y aclaratoria del 26/11/2007) a la que adhiriera en lo pertinente este
decisorio, en los términos allí establecidos, a los que por haberlos citado remito,
corresponde en el caso, declarar la inconstitucionalidad del art. 7 apart. 2 de la
Ley 24.463.-------------------------------------------------------------------------------------------
Por último, respecto del planteo de inconstitucionalidad que el
accionante dirige contra el artículo 21 de la Ley 24.463, cabe tener presente que sin
perjuicio de la opinión que el suscripto pudiere tener frente a situaciones de extrema
particularidad, a fin de resguardar el principio de seguridad jurídica corresponde
PODER JUDICIAL DE LA NACION
sujetarse al criterio sentado por el Superior, rechazando en consecuencia, la
inconstitucionalidad peticionada. Cabe recordar que la C.S.J.N. tiene dicho que
establecer un régimen específico de imposición de costas no resultaría violatorio de la
igualdad ante la ley, del derecho de propiedad, ni del principio de reparación integral
(Conf. C.F.S.S., Sala I, Sent. 79.461 del 16/02/98, autos "Benitez, Hualberto c/
ANSES", Boletín de Jurisprudencia C.F.S.S. Nro. 21; ver también C.F.S.S., Sala II,
Sent. 46.688 del 16/02/98, autos "Tisera, Juan Carlos c/ ANSES", Boletín de
Jurisprudencia C.F.S.S. Nro. 21; C.S.J.N., "Nación Argentina v. Textil Escalada
S.A." Fallos 312:2444; Fallos 324:2360, causa "Alfredo Arenas v. A.N.Se.S.", de
fecha 09/08/01, y Fallos 325:274 y 325:970).---------------------------------------------------
VII) A pesar de lo antedicho, cabe dejar en claro que conforme se ha
fallado: "El mecanismo de cumplimiento de sentencias previsto en el art. 22 de la ley
24.463, resulta de aplicación a las retroactividades emergentes de los
pronunciamientos sobre reajustes (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 02.12.98, "Arisa,
Ángel Umberto"). Pero de esa doctrina se excluye el nuevo haber resultante del
recálculo ordenado en la sentencia, el cual deberá comenzar a pagarse dentro de los
120 días (conforme art. 2 de la Ley 26.153, modificatoria de la ley 24.463) de quedar
firme la misma, porque teniendo en cuenta (...) el carácter alimentario del beneficio,
su reducción puede insolventar o menguar sustancialmente el patrimonio de aquél, y
de esta forma, hacer ilusorio el derecho que legalmente le corresponde" (Conf.
C.F.S.S., Sala I, Sent. 84.739, del 29/03/00, en autos "Jamardo de Muti, María
Carolina c/ A.N.Se.S.", véase Boletín de Jurisprudencia Nro. 27 Excma. C.F.S.S.).--
El plazo de 120 días habrá de contarse a partir de la recepción
efectiva del expediente administrativo correspondiente, conforme lo dispone
actualmente el art. 22 de la Ley 24.463, modificado por la Ley 26.153.--------------
VIII) Por último frente a las diferencias emergentes de la liquidación a
practicarse y sus accesorios, que corresponderá liquidar desde que cada suma fue
debida conforme la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la
República Argentina (conf. Art. 10, D.941/91, C.S.J.N. L.44 XXIV "López Antonio
c. Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.", 10.6.92 y "Fallos" 303:1769;
311:1644, citados por la C.F.S.S. en el fallo citado ut supra), deberán respetarse las
disposiciones del Capítulo VI de la Ley 26.546 (Arts. 34/40) de Presupuesto de
Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010, cuyas
disposiciones rigen para el presente año conforme lo dispuesto por Decreto
2054/2010, publicado en el Boletín Oficial el 29/12/2010.----------------------------------
IX) Por todo lo expuesto, jurisprudencia, doctrina y normas legales
citadas y en virtud de lo dispuesto por el art. 15 de la Ley 24.463, y 163 y 377 del
CPCCN.-----------------------------------------------------------------------------------------------
FALLO: I) HACIENDO PARCIALMENTE LUGAR a la
DEMANDA incoada por VITIELLO RAFAEL contra la ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-----------------------------------------------
II) Aún así, SE ORDENA al organismo que proceda a
PODER JUDICIAL DE LA NACION
RECALCULAR EL HABER INICIAL del accionante, conforme las pautas
emergentes de los Considerandos precedente.-------------------------------------------------
III) RECHAZANDO la DEMANDA en lo que hace al reclamo de
REAJUSTE por movilidad.------------------------------------------------------------------------
IV) RECHAZAR por improcedente la EXCEPCIÓN DE
PRESCRIPCIÓN planteada.--------------------------------------------------------------------
V) Las diferencias resultantes que emerjan de las liquidaciones a
practicarse, deberán abonarse al reclamante dentro de los ciento veinte días (120)
contados a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo
correspondiente (art. 22 de la Ley 24.463).------------------------------------------------------
VI) Los intereses deberán sujetarse a las disposiciones individualizadas
en el Considerando VIII de esta sentencia.-----------------------------------------------------
VII) Impónganse las COSTAS en el orden causado (art. 21 Ley
24.463) y REGÚLENSE LOS HONORARIOS DE LA LETRADA de la
accionante, Dra. Alicia Mabel González en el 15% de las sumas que por todo
concepto resultan a favor del reclamante, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 8 de
la Ley 21.839, con más el 10 % en concepto de aportes previsionales; debiendo
estarse al art. 2 de la Ley 21.839 en relación a los emolumentos de los letrados del
organismo demandado. La estimación efectuada no incluye IVA. (Arts. 7, 8, 10, 38,
47 de la Ley 21.839 y modificatorias, Ley 24.432, Leyes 6.716 y 23.987).
Oportunamente, ARCHÍVESE.-----------------------------------------------------------------
Eduardo Pablo JIMENEZ
JUEZ FEDERAL

La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que confirmó que todos los rubros salariales deben tomarse en cuenta al momento de calcular el haber jubilatorio.
Pero eso no es todo, el empleador demandado por la empleada resultó ser la propia Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), encargada de administrar los aportes y contribuciones patronales.

El organismo previsional, durante muchos años, había incluido rubros no remunerativos en el recibo de haberes de la dependiente.
Sobre dichas sumas, no se habían realizado los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social.

En este escenario, la trabajadora reclamó que la ANSES tomara en cuenta, en el cómputo del haber inicial de su jubilación, un suplemento llamado "función directiva", percibido en sus últimos años de trabajo.
Como resultado de la evaluación del pedido de la dependiente y del análisis de los argumentos del organismo previsional, el Máximo Tribunal, en la causa "Rainone de Ruffo, Juana Teresa Berta c/ ANSeS s/ reajustes varios", le terminó dando la razón a la reclamante. De esta forma, la Justicia reafirmó una tendencia que se acrecienta al sostener "un criterio amplio del instituto de la remuneración, que se basa en las definiciones internacionales, como los convenios de la OIT", advirtió Daniel Pérez, socio del estudio, Daniel G. Pérez, Marcela A. Fiocco & Asociados.
Sumas no remunerativas
En este caso, tanto la Justicia de primera instancia como de segunda ordenaron el recálculo del haber inicial de la empleada y su posterior movilidad.
Pero, no conformes con los fallos, ambas partes llegaron a la CSJN. La empleada adujo que, en las instancias anteriores, se había omitido resolver el planteo referente a la incorporación de las sumas certificadas por el organismo previsional como "remuneraciones sin aportes" en el cálculo del haber inicial.... Continuar leyendo

La Cámara de la Seguridad Social declaró inconstitucional la resolución 884/2006 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que fija que para acceder a la jubilación por moratoria, en el caso de quienes están pensionados o cobran alguna otra prestación, deben cancelar previamente la deuda por los aportes no ingresados.
Los magistrados, en la causa "Aída Tripodi y otros contra ANSES", sostuvieron que ese requisito -tener cancelados los aportes no ingresados- no está en las normas legalesque permiten la jubilación por moratoria, también llamada "de amas de casa", informó el diario Clarín.

Los jueces consideraron que el organismo introdujo para el goce del beneficio, "una exigencia no contemplada por la norma reglamentada, excediendo, por tanto, el ámbito de validez fijado por la ley".

De acuerdo al matutino, el sistema de jubilación por moratoria permite a las personas que están en edad jubilatoria declarar aportes anteriores a septiembre de 1993 -que no ingresaron al sistema porque estuvieron desempleadas o se desempeñaron "en negro"-para completar los 30 años de aportes requeridos.
En ese caso, esas personas pueden jubilarse y los aportes adeudados se deducen en hasta 60 cuotas del beneficio.
El matutino indicó que en la resolución cuestionada, la ANSES excluyó de esa posibilidad a las personas que estén percibiendo "cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil, militar o policial, ya sean nacionales, provinciales o municipales".
En esos casos, "sólo adquirirán derecho al cobro del beneficio previsional a partir de la cancelación total de la deuda reconocida", destacaron los jueces .
Así, por ejemplo, con esa resolución, una pensionada por viudez que solicitara jubilarse a través del sistema de moratoria debería pagar antes la totalidad de la deuda para acceder a la jubilación, concluye Clarín este viernes.... Continuar leyendo

La Cámara Federal de la Seguridad Social, integrada por los vocales Martín Laclau, Néstor Fasciolo y Juan Poclava Lafuente, revocó una sentencia de primera instancia que le había denegado a la actora el beneficio de una pensión por fallecimiento.

La Sala III del Tribunal de Apelaciones señaló que el beneficio de una pensión, solicitado por la actora, era procedente pues "el causante posee una importante tasa de aportación que de no haber fallecido en forma prematura, le habría permitido superar con holgura los años de servicios con aportes requeridos para su jubilación".
Una mujer, ocurrida la muerte de su esposo, solicitó ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) una pensión por fallecimiento. Sin embargo, la entidad pública le negó el beneficio peticionado, mediante la resolución administrativa correspondiente.
Entonces, la viuda acudió ante la Justicia de la Seguridad Social para reiterar el pedido de una pensión. El magistrado de primera instancia le negó el beneficio requerido y ratificó lo dispuesto por la resolución de la ANSES. En consecuencia, la actora apeló la sentencia del juez de grado.
En primer lugar, la Cámara de la Seguridad Social manifestó que "las disposiciones contenidas en el artículo 95 y concordantes de la Ley 24.241 y su reglamentación, sucesivamente implementada a través de los decretos 1120/94, 136/97 y 460/99, se orientan a evitar la indebida captación de beneficios".
Luego, el Tribunal Federal indicó que correspondía "dejar sin efecto la sentencia que rechazó la acción interpuesta y confirmó la resolución administrativa que había denegado el beneficio de pensión por fallecimiento, y consecuentemente, reconocer el derecho al mismo".
"El causante comenzó a trabajar a corta edad (18 años) y a su fallecimiento ya acreditaba 26 años de servicios con aportes, lo que revela una importante tasa de aportación que de no haber sido interrumpida por su prematuro deceso, le habría permitido superar con holgura los 30 años de servicios con aportes al cumplir los 65 años de edad, requeridos para la prestación por vejez", precisó la Cámara de la Seguridad Social.
Acto seguido, el Tribunal de Apelaciones explicó que "si quien aportó al sistema previsional en forma prolongada pero durante la última fase de su vida activa no pudo efectuar regularmente sus aportes, falleciendo a edad temprana, exhibe una situación que no puede ser soslayada por el juzgador".
Las circunstancias descriptas por la Cámara dieron lugar, entonces, a que ésta exprese que correspondía "declarar la inconstitucionalidad del artículo 95 de la Ley 24.241 y de las reglamentaciones contenidas en los decretos 1120/1994, 136/1997 y 460/1999".
Por tales razones, el Tribunal Federal de la Seguridad Social decidió admitir el recurso de apelación interpuesto por la actora -solicitante del beneficio de pensión por fallecimiento- y revocar la sentencia de primera instancia.
En consecuencia, la Cámara reconoció el derecho de la demandante a percibir la pensión requerida y condenó a la ANSES a cumplir con el otorgamiento del beneficio dentro del plazo de 120 días desde que la sentencia quedó firme.

FALLO... Continuar leyendo

Aquellos nuevos jubilados y pensionados, junto al cobro del primer haber, percibirán la suma correspondiente al retroactivo desde el momento en que se confirma el turno para el inicio del trámite jubilatorio.

La entidad bancaria podrá requerir la documentación complementaria que estime conveniente en el momento de presentarse el beneficiario titular o su apoderado, para luego, por única vez, acreditar los fondos en una caja de ahorro.

Esta cuenta, a este único efecto, será sin costo alguno para el beneficiario. Una vez cobrado el primer pago, el beneficiario puede optar por mantener dicha cuenta abierta (con el consiguiente costo que esto implica) o cerrarla definitivamente.