Expte Nº 38617-1 - "Zamagni Graciela del Carmen c/ GCBA s/ otros procesos incidentales" - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - SALA II - 07/06/2011

RÉGIMEN DE RECIPROCIDAD JUBILATORIA. Art. 3º del decreto 1415/89, reglamentario del 8820/62. Trámite para la obtención del beneficio previsional. Vencimiento del plazo. Posibilidad de que el empleador disponga el cese en las funciones. Demora imputable al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. MEDIDA CAUTELAR. Procedencia. Obligación del GCBA de dejar sin efecto la cesantía y abonar haberes caídos

"... A partir de los argumentos y del análisis de la prueba documental aportados por la amparista, puede concluirse que el acto cuestionado (resolución Nº 2976/MEGC/10), en tanto desconocería circunstancias de hecho relevantes a la hora de juzgar el transcurso de los plazos legalmente previstos, permite fundar, en forma suficiente, la verosimilitud del derecho invocado. En efecto, a pesar de que resultaría correcto la ponderación relativa al cumplimiento del plazo de un (1) año para finalización de los trámites tendientes a la obtención del beneficio previsional en trámite (art. 3º del decreto Nº 1415/89, reglamentario del decreto 8820/62), no lo es menos que la norma aludida señala que "[v]encido dicho término, el empleador podrá disponer el cese en las funciones aunque el interesado no hubiera obtenido aún el beneficio, o su liquidación" (el destacado no obra en el original). Pues bien, frente a esa posibilidad con la que cuenta la Administración, adquieren relevancia los elementos que rodean al caso particular y que, en el presente, permitirían considerar que la aplicación estricta de la opción que acuerda la norma no resulta razonable o, a los efectos de la cautelar requerida (art. 189 del CCAyT), irreparablemente dañosa para la actora. Ello así por cuanto, desde esta lectura preliminar de la cuestión sometida a debate, puede advertirse que, según los términos de la primera parte del art. 3º antes mencionado, mientras la amparista habría cumplido con la exigencia allí contenida de proseguir con los trámites jubilatorios (ver, fundamentalmente, solicitud de reajuste de jubilación), la finalización de ese procedimiento ya no le resultaría imputable, en tanto incumbencia del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. En resumidas cuentas, en tanto se encontraría acreditado el inicio y la prosecución de los trámites aludidos por parte de la actora y, a su vez, que su conclusión dependería, no ya de la demandante, sino de la actividad de un organismo estatal, la rígida aplicación de la solución prevista por la parte final del art. 3º del decreto 1415/89 en la que se funda la resolución impugnada configura un marco de apreciación que conduce a admitir la pretensión cautelar esgrimida."... Continuar leyendo